El boleto podrá ser utilizado por estudiantes que asistan a
establecimientos públicos y de gestión privada con aporte estatal, durante los
días hábiles del año escolar y para todas las actividades educativas, y servirá
para el transporte ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros urbano,
suburbano e interurbano.
La reglamentación determinará la forma en la que se implementarán los viajes autorizados por usuario, que serán para el sistema urbano e interurbano de 50 traslados mensuales para alumnos primarios y secundarios y de 45 para terciarios y universitarios. En tanto, para el sistema de larga distancia sólo se otorga el beneficio a los estudiantes universitarios, con un tope de cuatro viajes de ida y vuelta anuales.
La norma prevé que el boleto alcanzará además al traslado de residentes o practicantes y a los alumnos que deban desarrollar una actividad curricular fuera del establecimiento educativo. Y establece que la empresa deberá cubrir el seguro del usuario, igual que sucede con el resto de los pasajeros. El Poder Ejecutivo destinará los fondos necesarios para garantizar la implementación del boleto estudiantil que, según fuentes legislativas, debería ser de unos 200 millones de pesos por año.
La reglamentación determinará la forma en la que se implementarán los viajes autorizados por usuario, que serán para el sistema urbano e interurbano de 50 traslados mensuales para alumnos primarios y secundarios y de 45 para terciarios y universitarios. En tanto, para el sistema de larga distancia sólo se otorga el beneficio a los estudiantes universitarios, con un tope de cuatro viajes de ida y vuelta anuales.
La norma prevé que el boleto alcanzará además al traslado de residentes o practicantes y a los alumnos que deban desarrollar una actividad curricular fuera del establecimiento educativo. Y establece que la empresa deberá cubrir el seguro del usuario, igual que sucede con el resto de los pasajeros. El Poder Ejecutivo destinará los fondos necesarios para garantizar la implementación del boleto estudiantil que, según fuentes legislativas, debería ser de unos 200 millones de pesos por año.
El tratamiento del proyecto fue acompañado por una movilización en la Legislatura convocada
por más de 80 organizaciones estudiantiles y gremios de la educación y alumnos
que colmaron las barras del recinto. Durante la sesión, en la que hablaron
representantes de todas las bancadas, el eje del debate estuvo en si la norma
debía alcanzar también a los docentes y auxiliares como lo preveía el proyecto
original pero que fue eliminado en el Senado.
Fuente: TELAM
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